La implementación de un Programa de Compliance, entendido como aquel conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, la transparencia de los procesos, la supervisión y control posterior de la gestión orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades e ilicitudes comprendidas en la ley positiva; se resume en la concreción normativa del deber de cooperación que asiste a todas las organizaciones en el mantenimiento del estado de libertades general.

En este sentido, no cabe dudas de que las personas jurídicas enfrentan múltiples riesgos, para los cuales deben recurrir a fuentes internas y externas de identificación de riesgos propios de la actividad.

Asimismo, la evaluación de los riesgos depende de una serie de circunstancias tales como las normas jurídicas aplicables, el tamaño, los recursos disponibles, la sofisticación y complejidad de la actividad de la organización; todo lo cual justifica su revisión y actualización periódica de los riesgos, de forma tal de posibilitar el ajuste del programa de compliance y de su pilar fundamental, el análisis de riesgos, con el objeto de lograr la correcta adecuación del mismo a los requerimientos actuales del negocio.